El rescate de las regiones
18 de Junio de 2007.
Redactor de EL TIEMPO.
Las elecciones regionales de octubre próximo podrían generar una saludable renovación de los cuadros dirigentes de los Departamentos, no propiamente derivada del relevo generacional. Por una coincidencia que se debe registrar como un buen síntoma, ya son varias las figuras de relevancia nacional que aspiran a ocupar las gobernaciones de sus Departamentos para darle un nuevo aire a la democracia regional.
Ya son públicas las candidaturas de Luis Alfredo Ramos (Antioquia), Eduardo Verano (Atlántico), Jaime Castro (Boyacá), Guillermo Alberto González (Cauca), Andrés González (Cundinamarca), Amílkar Acosta (Guajira), Antonio Navarro (Nariño) y Horacio Serpa (Santander). Con más o menos realizaciones, ellos han pasado por ministerios, embajadas y consejerías presidenciales, por la Asamblea Constituyente del 91, la Procuraduría General, la presidencia del Congreso y la Alcaldía Mayor de Bogotá. El país conoce sus hojas de vida y, si los elige, será porque confía en ellos y espera que contribuyan a solucionar la crisis que afecta a los Departamentos, en buena parte por el desmadre del paramilitarismo.
La presencia de candidatos como los mencionados prueba que en Colombia todavía se puede hacer política con procedimientos distintos de los que actualmente se denuncian e investigan. Y, además, indica que las soluciones de la crisis de las regiones están en ellas mismas. Ejemplos como estos -con antecedentes tan ilustres como el del ex presidente Darío Echandía cuando aceptó en 1958 la gobernación del Tolima al presidente Alberto Lleras- deberían multiplicarse en estas y las próximas elecciones y extenderse a las alcaldías de las grandes ciudades. Es lo que ocurre en democracias como las europeas: Giscard d'Estaing, después de ser presidente, dirigió los destinos de La Auvergne, una de las 22 regiones de Francia; en España, un ícono nacional del franquismo como Manuel Fraga fue elegido jefe del gobierno de su entrañable Galicia.
Esta saludable práctica contribuiría a devolver a los Departamentos la importancia que tuvieron en sus primeros tiempos, cuando la Constitución de 1886 los estableció en reemplazo de los Estados Soberanos de la época federal. Para apreciar sus atribuciones iniciales, basta recordar que a las Asambleas les correspondía "dirigir y fomentar las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la importación de capitales extranjeros, la apertura de caminos y canales navegables, la construcción de vías férreas, la canalización de ríos y (todo) cuanto se refiera al adelantamiento interno". En el campo político y judicial, las Asambleas elegían a los senadores -que eran departamentales, no "nacionales", como ahora- y a los magistrados de los tribunales superiores.
Después de 120 años de vida, como ha ocurrido con otras instituciones, los Departamentos perdieron tan importantes funciones y se agotaron como entidades encargadas de prestar servicios y construir obras. Se convirtieron en ineficientes y burocratizadas organizaciones. Además, con contadas excepciones, fueron devorados por la politiquería y la corrupción. Por eso, algunos han propuesto su desaparición y la construcción de un Estado Regional, que interprete y exprese la nueva realidad económica y social del país. Este fue uno de los 100 puntos, obviamente incumplido, del Manifiesto Democrático con que fue elegido el presidente Uribe hace 5 años.
Por una de esas paradojas propias de nuestra vida pública, sin que se anuncien grandes reformas ni cambios importantes en el modelo de ordenamiento territorial, los Departamentos podrían tener una segunda oportunidad a partir del 2008 si sus timones de mando pasan a manos expertas y probadas, como las de los dirigentes nacionales que han decidido jugársela por su rescate.
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